En 2 años la Superintendencia de Compañías disolvió 17.314 empresas

De enero de 2012 a mayo de 2014 se han disuelto, liquidado y cancelado en Ecuador 17.314 compañías, especialmente porque sus accionistas  no han presentado balances y no han pagado las contribuciones que por ley les corresponde. El actual sistema informático de la Superintendencia de Compañías (SC) ha permitido verificar automáticamente qué empresas incumplen y, a la vez, tener una base de datos casi depurada de las compañías que operan en el país y su situación. Los resultados se evidencian luego de que en 2011 la SC comenzó a automatizar su base de datos. Antes de esa fecha tenían que revisar manualmente expediente por expediente, lo que dificultaba la tarea de control y vigilancia. A decir de Víctor Anchundia, intendente nacional de Compañías, la mayor cantidad de disoluciones de empresas en los últimos años se debe a que los propios accionistas dejan de interesarse en cumplir las formalidades básicas como: presentar información de balances, estados financieros y dejan de pagar las contribuciones. “Solo un 5% o máximo un 10% de compañías se disuelven como consecuencia de los controles que realizamos. Según una matriz de riesgo,  que nos sirve como hoja de ruta, vamos a las compañías y hacemos las inspecciones. Si vemos que  su situación económica no es buena o que la documentación está incompleta, viene la disolución para que no  perjudique a terceros”, destacó Anchundia. Lo que el sistema ha hecho es facilitar y optimizar la labor de la SC, organismo que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades, en las circunstancias y condiciones establecidas por la ley. Además, controla, vigila y promueve el mercado de valores. La intervención se aplica a todas las ramas económicas La SC no actúa según la rama de actividad económica de una empresa, sino cuando han incurrido en alguna causal de disolución establecida en la ley. De ahí que entre las  compañías cerradas están inmobiliarias, constructoras, de servicios e industriales. Algunas de las disoluciones que mayor eco han tenido son Casa Comercial Tosi S.A., Constructora Naranjo Ordóñez S.A., Visionconstru Cía. Ltda., Inmodiez Estrellas Cía. Ltda., Habitavia Home S.A., Ícaro y empresas relacionadas, Vuelos Internos Privados VIP S.A., Empresa Minera Portovelo Ecuador S.A.; y sucursales de empresas extranjeras, como Machala Power Cía. Ltda., Noble Energy Ecuador Ltda. y China Tiesiju Civil Engineering Group. Como parte de la sistematización de la Superintendencia, las notificaciones a las compañías envueltas en alguna causal de disolución ahora se hacen vía correo electrónico. Toda esa información está disponible para la ciudadanía a través del portal www.supercias.gob.ec. Allí consta si determinada empresa está o no en causal de disolución por pérdidas, otro factor por el cual se disuelven las compañías. Antes, la SC recibía balances físicamente y los funcionarios debían sumar o restar los balances para  sacar las cuentas y saber si había pérdidas. Pero desde hace 2 años el ente estatal recibe los balances vía electrónica y el sistema informático arroja resultados inmediatos. “El grueso de causales de disolución es por no presentar balances, por lo que mal se podría decir que estamos conspirando contra el empresario que  sí cumple. Se está disolviendo al que no presentó balances, al que no está trabajando o quiere ocultar algo; obviamente, esa clase de empresarios nadie quiere”, resaltó Anchundia. El funcionario precisa que un síntoma de alerta es la reincidencia, es decir, si por 2 y 3 años consecutivos las empresas no reportan ingresos por la actividad económica que realizan, se presume que están inactivas. 2.193 COMPAÑÍAS CONSTITUIDAS EN MENOS DE 5 MESES Del 1 de enero al 19 de mayo de 2014 se han constituido 2.193 compañías en Ecuador. De ellas, según cifras de la Superintendencia de Compañías (SC), el sector económico que más ha despuntado es el relacionado con el comercio al por mayor y menor, y la reparación de vehículos automotores y motos (577). Otro sector que ha tenido un despunte en cuanto a la constitución de compañías ha sido el de transporte y almacenamiento (344), seguido del relacionado con las actividades profesionales, científicas y técnicas (284). En la actualidad existen registradas en la SC 74.118 empresas, de ellas, la mayoría se concentra en 2 provincias: en Guayas 34.268 y en Pichincha 22.049. Desde el órgano estatal de control se destaca que el objetivo no es crear leyes que limiten la actividad empresarial en la medida en que se adecúe a la ley. En ese sentido, el 20 de mayo pasado se publicó en el Registro Oficial la ‘Ley orgánica para el fortalecimiento del sector societario bursátil’, en donde se privilegia la facilidad para constituir empresas. Un ejemplo de aquello es la constitución simplificada, en donde la aprobación para la formación de una empresa ya no la hace la Superintendencia de Compañías, sino que el interesado va directamente ante una notaría y al Registro Mercantil. La SC entra después para iniciar su labor de control. La Superintendencia de Compañías se encuentra trabajando en una reforma macro para privilegiar lo de la disolución, con el objetivo de hacerla más ágil. Superintendencia de Compañías

La regulación del crédito inquieta al sector bancario

El objetivo del nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero es claro para las autoridades: hay que implementar el socialismo financiero. Que hay que democratizar el crédito. Sin embargo, esa propuesta, que ha sido expresada en varios enlaces sabatinos por el presidente Rafael Correa, representa una preocupación latente para los banqueros. Según los representantes del sector, la iniciativa podría limitar el accionar de las entidades financieras. Especialmente, cuando se le ponen condiciones a la entrega de los créditos. El artículo 173, de un borrador al que tuvo acceso Diario EXPRESO, determina que el sector financiero privado tendrá tres componentes. Dos complementan sus actividades con servicios externos. Software bancario, transporte de especies monetarias, cobranzas y cajeros automáticos son algunos ejemplos. El tercer componente, en cambio, determina cómo deberán ser entregados los préstamos. La restricción surge con la división de bancos. El articulado propone que haya dos tipos de bancos: los múltiples (o generales) y los especializados. Los primeros podrán realizar operaciones crediticias en diversos segmentos (consumo, microcrédito, vivienda, entre otros). Los segundos se especializarán en un solo segmento. Podrán entregar otros tipos de préstamos, pero en menor cantidad. El porcentaje será determinado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, organismo creado en el mismo Código, compuesta por ministros, superintendente de Bancos, gerente del Banco Central y el presidente de la Corporación de Seguro de Depósitos y Fondo de Liquidez. El poder de la Junta en la entrega de dinero a la ciudadanía queda esclarecido en el artículo 220. Ahí se explica que el organismo podrá "regular mediante normas, la orientación de las operaciones de crédito". Para ello considerará segmentos, tasas de interés, garantías e incluso límites en el crédito. Según la Superintendencia de Bancos y Seguros, el saldo de los préstamos -a mayo de este año- llegó a los 20.524 millones de dólares. De esos, 6.260 millones se dirigieron al consumo. Los otros 14.264 millones fueron utilizados por el sector productivo: 11.393 millones a industrias, 1.487 millones a vivienda y 1.384 millones a la microempresa. Los totales muestran un crecimiento de 12,78 % comparado con los primeros cinco meses del año pasado. Ese aumento hace que la Asociación de Bancos Privados vea con preocupación las facultades del Código. Sus representantes, sin embargo, prefieren tener un texto oficial antes de emitir una postura definitiva. César Robalino, director ejecutivo del gremio, señaló que hasta ahora las declaraciones del presidente Correa son generales y no permiten determinar el futuro de los bancos privados. Robalino confía en que, una vez que el documento final llegue a la Asamblea, sea convocado a la Comisión legislativa para exponer su postura. Anteriormente, la Asociación ha cuestionado leyes como la de Redistribución del Gasto Social -que redujo las utilidades de la banca para financiar el Bono de Desarrollo Humano- y la iniciativa de Dinero Electrónico, que entrará en vigencia en el último trimestre de este año. Oswaldo Larriva, presidente de la Comisión de Régimen Económico, señaló que una vez que reciba el texto, invitará a los banqueros y otros sectores que tengan relación con el tema. Es más, aseguró, planea realizar al menos una sesión de asambleístas en Guayaquil por la importancia del sector financiero en el Puerto Principal. El oficialista Larriva, al igual que Robalino, prefiere no comentar sobre los planteamientos de los borradores que circulan en la Asamblea Nacional. Los dos coincidieron en que el documento llegaría entre hoy y mañana al Legislativo y que ahí se pronunciarán al detalle. Javier Montenegro Fernández - montenegroj@granasa.com.ec - Quito