El
objetivo del nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero es claro para las
autoridades: hay que implementar el socialismo financiero. Que hay que
democratizar el crédito. Sin embargo, esa propuesta, que ha sido expresada en
varios enlaces sabatinos por el presidente Rafael Correa, representa una
preocupación latente para los banqueros.
Según los representantes del sector, la iniciativa podría
limitar el accionar de las entidades financieras. Especialmente, cuando se le
ponen condiciones a la entrega de los créditos.
El artículo 173, de un borrador al que tuvo acceso Diario
EXPRESO, determina que el sector financiero privado tendrá tres componentes.
Dos complementan sus actividades con servicios externos. Software bancario,
transporte de especies monetarias, cobranzas y cajeros automáticos son
algunos ejemplos. El tercer componente, en cambio, determina cómo deberán ser
entregados los préstamos.
La restricción surge con la división de bancos. El
articulado propone que haya dos tipos de bancos: los múltiples (o generales)
y los especializados. Los primeros podrán realizar operaciones crediticias en
diversos segmentos (consumo, microcrédito, vivienda, entre otros). Los
segundos se especializarán en un solo segmento. Podrán entregar otros tipos
de préstamos, pero en menor cantidad. El porcentaje será determinado por la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, organismo creado en el
mismo Código, compuesta por ministros, superintendente de Bancos, gerente del
Banco Central y el presidente de la Corporación de Seguro de Depósitos y
Fondo de Liquidez.
El poder de la Junta en la entrega de dinero a la
ciudadanía queda esclarecido en el artículo 220. Ahí se explica que el
organismo podrá "regular mediante normas, la orientación de las
operaciones de crédito". Para ello considerará segmentos, tasas de
interés, garantías e incluso límites en el crédito.
Según la Superintendencia de Bancos y Seguros, el saldo de
los préstamos -a mayo de este año- llegó a los 20.524 millones de dólares. De
esos, 6.260 millones se dirigieron al consumo. Los otros 14.264 millones
fueron utilizados por el sector productivo: 11.393 millones a industrias,
1.487 millones a vivienda y 1.384 millones a la microempresa.
Los totales muestran un crecimiento de 12,78 % comparado
con los primeros cinco meses del año pasado. Ese aumento hace que la
Asociación de Bancos Privados vea con preocupación las facultades del Código.
Sus representantes, sin embargo, prefieren tener un texto oficial antes de
emitir una postura definitiva. César Robalino, director ejecutivo del gremio,
señaló que hasta ahora las declaraciones del presidente Correa son generales
y no permiten determinar el futuro de los bancos privados.
Robalino confía en que, una vez que el documento final
llegue a la Asamblea, sea convocado a la Comisión legislativa para exponer su
postura. Anteriormente, la Asociación ha cuestionado leyes como la de
Redistribución del Gasto Social -que redujo las utilidades de la banca para
financiar el Bono de Desarrollo Humano- y la iniciativa de Dinero
Electrónico, que entrará en vigencia en el último trimestre de este año.
Oswaldo Larriva, presidente de la Comisión de Régimen
Económico, señaló que una vez que reciba el texto, invitará a los banqueros y
otros sectores que tengan relación con el tema. Es más, aseguró, planea
realizar al menos una sesión de asambleístas en Guayaquil por la importancia
del sector financiero en el Puerto Principal. El oficialista Larriva, al
igual que Robalino, prefiere no comentar sobre los planteamientos de los
borradores que circulan en la Asamblea Nacional. Los dos coincidieron en que
el documento llegaría entre hoy y mañana al Legislativo y que ahí se
pronunciarán al detalle.
Javier Montenegro Fernández - montenegroj@granasa.com.ec -
Quito
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