Oficialistas
y opositores tienen visiones contradictorias con respecto al nuevo Código
Monetario y Financiero. Los primeros hablan de beneficios; los segundos, de
los riesgos del documento que se discute hoy, en primer debate, en la
Asamblea.
Del lado
contrario al Gobierno, Juan Carlos Solines, expresidente del Consejo Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel), cuestiona por ejemplo el dinero electrónico.
Más allá de que el código otorgue a la Junta de Regulación Monetaria la
capacidad de decidir las operaciones que se realicen con este medio de pago,
Solines observa que quien proveerá el servicio para transar con la moneda
virtual, el Banco Central, supervisará todas las transacciones de los
ciudadanos. "Sabrán qué compramos, dónde y cuánto". Para él no es
sano que el Estado tenga esa información.
La
preocupación es mayor cuando se trata sobre la reserva de la información
estatal. El artículo 17 del mismo código plantea que la nueva Junta podrá
declarar como "reservada" la información que considere pertinente.
No se detalla el tipo de datos privados.
Las
pasivos inmovilizados son otro eje de debate. La normativa establece en su
Disposición General Sexta que los "pasivos que hubieren permanecido
inmovilizados en cualquier entidad del Sistema Financiero Nacional por más de
cinco (5) años con un saldo de hasta el equivalente al veinticinco por ciento
(25 %) de un salario básico unificado, o por más de diez (10) años con un
saldo mayor, por no haber sido reclamados por su beneficiario desde la fecha
en que fueren exigibles, serán transferidos a la Cuenta Única del Tesoro
Nacional".
El código
plantea que "las entidades no podrán transferir a utilidades,
directamente mediante traspaso a cuentas provisionales o de cualquier otro
modo, valores o saldos inmovilizados, pertenecientes a otras personas,
cualquiera que sea la calidad de estas".
El
oficialismo, por su parte, resalta las virtudes del código, pues elabora
normas estrictas para la banca. El artículo 147, por ejemplo, impide la
congelación de cuentas. Según el ministro coordinador de la Política
Económica, Patricio Rivera, el fin es blindar al cliente contra feriados bancarios.
Otra
modificación vista con buenos ojos en el bloque oficial surgió del debate de
la Comisión de lo Económico. Pese a lo dispuesto en el texto enviado por el
Ejecutivo, la Ley de Maternidad Gratuita y la Atención a la Infancia no será
derogada. La asambleísta Paola Pabón informó en su cuenta de Twitter que la
normativa continuará en vigencia por su importancia para las madres
ecuatorianas. La mayoría oficialista en la Asamblea hace prever la aprobación
del código. Pero legisladores opositores, como Ramiro Aguilar, cuestionan el
poco tiempo para el tratamiento del texto, que tiene carácter
urgente-económico.
Javier
Montenegro Fernández - montenegroj@granasa.com.ec - Quito
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martes, 8 de julio de 2014
Cuentas inactivas irán al Tesoro Nacional
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