Fondo de Liquidez en Código Monetario y Financiero

GALO LIMA, 0997344822, CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD INFORMATICA

A la gente no se le dice: deposite su dinero a 10 años
César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, explica por qué la banca está en desacuerdo con el proyecto de Código Monetario Financiero que está en manos de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea.	¿30 días son suficientes para analizar y aprobar un Código Financiero? No. Se tiene que lamentar que un proyecto de ley de esta naturaleza, de tanta complejidad, que elimina más de 30 leyes como la de Régimen Monetario, es demasiado complejo para que se atienda en un mes. Es una pena que se lo haya enviado en esa forma. Y más aún, en un mes en el que se juega el Mundial de Fútbol.
Una parte de los cuestionamientos de la banca tiene que ver con el direccionamiento de crédito, ¿cuál es el desacierto? Hay varios argumentos del Gobierno para ello. Primero porque se dice que los bancos prefieren dar créditos de consumo y no a los sectores productivos. En segundo lugar se dice que se presta a corto plazo y como el cambio de la matriz productiva necesita crédito a largo plazo se debe cambiar ese mecanismo. Los hechos prueban que es un desacierto del Gobierno. Más o menos el 70% de la cartera de crédito bruta del sistema bancario privado se destina a sectores productivos: agricultura de exportación y consumo interno, industria textil, construcción, vivienda, industria del acero, aluminio y eso es sector productivo. También se satisface demandas de crédito de consumo destinado a la compra de un vehículo, refrigeradora... No creemos que ese segmento sea censurable pues ahí está la demanda de los clientes. Otra inconsistencia gubernamental es que el BIESS, y no lo crítico, tiene dos líneas de crédito: una es para vivienda y prestan en promedio mensual $103 millones, la otra línea son los quirografarios, que en el fondo son de consumo y en volumen promedio prestan mensual $106 millones. Es más que vivienda, eso es censurable. Entonces, si un banco que está bajo las influencias del Gobierno, como es Banco del Pacífico, prestan créditos de consumo, por qué se censura a lo que hace la banca privada y por qué no se mira lo que hace el BIESS. Ahí está la contradicción: direccionar el crédito porque no hay suficiente en el sector productivo. Se dice que los bancos prestan dinero a corto plazo... Sí, a 180 días o a un año, pero yo no puedo financiar el cambio de la matriz productiva que necesita créditos a largo plazo. Pero los créditos a corto plazo se dan porque la banca privada, de Ecuador y del mundo, dependen de fondos que también son de corto plazo. El fondeo es un pasivo, y los fondos son los depósitos monetarios que la gente puede disponer cuando requiera, por ejemplo los de la cuenta corriente, los depósitos de ahorro. Luego están los depósitos a plazos. La cultura de ahorro en Ecuador es de corto plazo. A la gente no se le puede decir que deposite su dinero a 10 años plazo. ¿Cómo puede obligar el Gobierno a que la banca preste dinero a 10 o 30 años plazo?. Al Gobierno se le ha explicado que el banquero se debe cuidar del descalce. ¿Qué significa eso? Que no se puede prestar dinero del fondo de corto plazo a largo plazo. ¿Eso lo puede hacer la banca pública? Claro que lo puede hacer porque los fondos del BIESS son los de los sistemas de pensiones que son a largo plazo y sí puede dar un crédito a 30 años plazo. Pero los bancos no pueden hacer eso. Entonces, la argumentación del Gobierno es que se debe prestar a corto plazo, no obstante, en vivienda hay $1 500 millones de cartera que se presta a 10 años o 12 años plazo. Un banquero sería irresponsable si empieza a prestar a 10 años todos los créditos. En el momento en que los depositantes quieran sacar la plata no se les puede decir que el banco está esperando que otro cliente le cancele ese dinero. Así no funciona. Por estas características propias de la banca comercial privada es que se han formado los bancos industriales. Ahí está la Corporación Financiera Nacional que opera como un banco industrial para prestar a mediano y largo plazo. Igual que el Banco Nacional de Fomento que se formó por los riesgos que tiene la agricultura.  ¿Cuál es la respuesta del Gobierno frente a estos argumentos? La banca le ha dicho al Gobierno, y yo he estado presente hablando con los Ministros Richard Espinosa y Ramiro González, que la banca está dispuesta a financiar los proyectos que se nos presenten para cambiar la matriz productiva. Ahí se les ha pedido los proyectos, la viabilidad de esos proyectos. Se les ha preguntado ¿qué quieren hacer?, ¿quizá fabricar acero o aluminio en el Ecuador? Se ha dicho: ¡perfecto! Indíquenos el proyecto. Se les ha planteado que para montar la fábrica se necesita hierro... Los distinguidos y respetables amigos (los ministros) respondieron: acabamos de descubrir hierro en Esmeraldas. Ahí contestábamos: ¿Cuándo será posible explotar eso? Ellos respondían... en el largo plazo... y se les decía entonces que esperemos 20 años para que nos presenten el proyecto y la demanda de crédito. Es decir, ¿que los proyectos para financiar no existen, pero ya se habla de dirección del crédito? No hay proyectos. Si se cambia la matriz productiva y se quiere formar nueva fábrica para los propósitos como acero o aluminio se va a requerir capital propio y también crédito. Pero no hay la demanda en términos de un proyecto específico que le diga a los banqueros que hay un estudio para que sea evaluado. El negocio bancario es de confianza, donde se evalúan riesgos porque si se deteriora la calidad de la cartera y los activos se pierde capital y se entra en otro problema. El momento que se presenten los proyectos, los bancos analizarán para ver la viabilidad del asunto. En sustitución de importaciones también le hemos dicho a los amigos ministros que queremos ver la demanda y nos han proporcionado un listado de convenios con una serie de empresas para sustituir importaciones. La banca está dispuesta a ayudar en eso. Sólo se ha proporcionado la lista pero cuando queremos ver el proyecto no hay. Y si no hay los proyectos específicos, la banca tampoco puede dar crédito. ¿En el tema legal, el Código se ampara en la Constitución? Es inconstitucional. Esto se explica cuando se intenta declarar al servicio bancario como servicio público. En Montecristi se aprobó que el servicio bancario es de orden público, no servicio público. Son dos cosas radicalmente diferentes. Pero el Gobierno ha puesto y ha propuesto el Código que se declare al servicio bancario como servicio público. Eso es inconstitucional y lo hemos demostrado a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. Aspiro que acojan esa sugerencia y no se viole la Constitución en vigencia. Luego, se plantea una Junta que tiene una concentración enorme de poderes y eliminan un aserie de directorios. Además se ha pedido que se analice detenidamente la liquidez bancaria. ¿Qué tan grave es el tema? Hay varias cosas. El fondo de liquidez es privado, no estatal. No responde al encaje legal mínimo. Es un fondo de liquidez que sirve para cubrir deficiencias de encaje. Lo más importante es que sirve para hacer créditos extraordinarios cuando hay un problema de liquidez, no de solvencia, a una entidad financiera sujeta a encaje bancario, cualquiera que esta fuera. Como dicen los especialistas, el objetivo es hacer la función de prestamista de última instancia porque ahora el Banco Central, dentro del marco legal, no puede hacer préstamos de liquidez a los bancos. Por otro lado, se dice en una parte del Código que esa parte del fondo pudiera servir de garantía no para prestamos de liquidez sino para operaciones de crédito que el Banco Central pueda hacer en estas facultades que le dan para abrir ventanillas de redescuento. Eso también es preocupante porque si se lleva a cabo esto, eso distorsionaría el objetivo central por los cuales se constituyó y sigue existiendo el fondo. Hemos sugerido que se deje tal como está, con las instrucciones legales que tienen y que se siga invirtiendo en papeles de alta calidad. ¿Y las reservas bancarias? También es un recurso financiero de los bancos privados y no hay que olvidar que atrás de eso está el dinero de los depositantes. Tanto en el fondo de liquidez como en las reservas bancarias depositadas en el Central para cumplimiento de una serie de disposiciones legales. Esto es lo que antes se llamaba encaje legal mínimo, que son reservas que un banco debe tener. Hay un porcentaje que obliga el Banco Central en términos de comparación de los depósitos. El Código, en las funciones que le otorga a la Junta de Regulación Monetaria abre la posibilidad de tener ventanillas de redescuento. ¿Para qué sirve esa figura? Para que eso se convierta en crédito que se dará a través de los canales crediticios, institucionales y el efecto es que ya no estará en liquidez. La argumentación del Gobierno es que hay un excedente de liquidez y eso debe recircular en la economía y se debe destinar al crédito para que se siga financiando, en mayor monto, las necesidades del país. ¿Eso es conveniente? No, y no es que negamos la facultad del Banco Central, pero no se puede utilizar la plata de los bancos privados. Si quieren recircular la liquidez que pertenece al Gobierno que lo haga con la liquidez de los bancos públicos, con la liquidez del tesoro nacional o del sector público no financiero. Pero no con le dinero de la banca privada ni de los depositantes. Ahí nace una preocupación porque si no se puede devolver esa plata implica un problema. Con la argumentación del Gobierno, de que hay excedentes de liquidez, tenemos una diferencia en cuenta a los conceptos. Un país necesita liquidez para protegerse de choques externos. Si no hay cierta liquidez mínima, mañana cómo se absorbe un problema. Chile, por ejemplo, cuando tuvo todos los efectos de los fenómenos naturales, el Gobierno utilizó un fondo que tiene ese país que se alimenta de un porcentaje de los ingresos y del precio del cobre para reconstruir las zonas. Ecuador no tiene. Tenía y se formó antes de la presidencia de Rafael Correa. Pero él los eliminó con la aprobación de la Asamblea y los mandó al Presupuesto para gastarlo. Así como el país necesita una liquidez para soportar choques externos, los bancos privados necesitan también para absorber esos choques que vienen de afuera o aquellos que se pueden presentar externos a la banca o a un banco pero internos en Ecuador. El banco tiene que tener lista la liquidez suficiente para responder por esas circunstancias que pueden ser no normales. ¿Esto tiene que ver con la falta de liquidez que tiene el Gobierno para que se inyecte capital? Es uno de los peligros, porque cuando un Gobierno requiere fondos para cumplir con sus metas de inversión y gasto, las tentaciones se presentan para tomar liquidez de donde exista, y la banca ahora está líquida. Entonces, el temor que se tiene, es que mañana en el fondo de liquidez, al bajar la calidad de las inversiones permita que el Gobierno invierta en papeles del Estado. El momento que se invierta en papeles del Estado, no es líquido. Esto no es porque se emita en el Gobierno de Rafael Correa, sino que no hay un mercado de liquidez para eso. No hay un mercado de liquidez que me permita tener $1 millón en bonos emitidos por el Gobierno ecuatoriano y convertirles en forma instantánea en dinero constante y constante. El problema ahí es que no hay un mercado de liquidez inmediata en el país con esas características. Si el Código pasa tal cual como está sin tomar en cuenta estos argumentos, ¿ha analizado la banca lo que va a hacer? Si se aprueba tal como está lo primero que haríamos es presentar una demanda de inconstitucionalidad a la ley, a lo mejor se demora 10 años pero no importa, tenemos que hacerlo. hoy.com.ec

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