La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó la tarde
del lunes 10 de abril el informe para primer debate de la Ley de paraísos
fiscales. En el proyecto se establecieron las prohibiciones para que un
funcionario público no tenga inversiones en un país en el que no se paguen
impuestos.
En el artículo 3 se señala que las personas que ostenten una
dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad de servidores
públicos, no podrán tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en
territorios o jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales.
Tampoco podrán tener, de forma directa o indirecta, bienes o
capitales en empresas, corporaciones, fundaciones, fideicomisos u otras
formas asociativas, radicadas en paraísos fiscales, ya sea en forma personal
o como asociadas, socias, accionistas, constituyentes, beneficiarias o bajo
cualquier tipo de derecho o participación.
Magaly Orellana, de Pachakutik, considera que el Ejecutivo
tendrá total control, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) para
declarar o no a un país como paraíso fiscal. Esto, a su criterio, podría manejarse
con discrecionalidad.
También pide que en la normativa se detalle que el Presidente y
Vicepresidente de la República puedan someterse a esta norma, tal como lo
deben hacer los ministros de Estado, asambleístas, prefectos, alcaldes,
concejales y otras autoridades de elección popular o designación.
Mauro Andino, presidente de la Comisión, señaló que en la Ley se
han incorporado varias propuestas que han llegado de la Contraloría, SRI,
Consejo Nacional Electoral y otras entidades.
Para él, debe ser la Contraloría la que lleve a cabo auditorías
con el propósito de investigar el posible incumplimiento por parte de los
funcionarios públicos.
En la Ley se estableció que en el plazo de un año, los
funcionarios públicos deberán deshacerse de los bienes que tengan en los
paraísos fiscales o tendrán que renunciar. Luis Fernando Torres, asambleísta
de Cambio y Partido Social Cristiano, considera que esto afectará
principalmente a las autoridades que empiecen su trabajo desde el 24 de mayo,
cuando inicie un nuevo Gobierno. Por eso esperaba que sea el nuevo
Legislativo el que trate la aprobación de la Ley.
Entre el oficialismo también hay observaciones al informe.
Mariángel Muñoz, de Alianza País, espera que los familiares de los
funcionarios públicos no deban deshacerse de los bienes que tengan en
paraísos fiscales, tal como establece el proyecto de la normativa
actualmente.
En la segunda transitoria se indica que a partir del 6 de marzo
del 2018, no podrán postularse para un puesto de elección popular ni tener la
calidad de servidor público las personas que tengan capitales o bienes, de
cualquier naturaleza, en territorios o jurisdicciones considerados paraísos
fiscales. También aspira a que no se incluya la obligatoriedad de un
candidato para que no tenga bienes en paraísos fiscales cuando aún no ha
ganado las elecciones. “No será válida la transferencia en favor de sus
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o a
nombre de terceros vinculados a aquel”, dice la primera disposición transitoria
de la Ley que será debatida en el Pleno, en los próximos días.
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