jueves, 19 de julio de 2018

Delitos Informáticos en Ecuador (COIP)

GALO LIMA, CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, 0981478818

Delitos informáticos en Ecuador Código Orgánico Integral Penal RO 180, 10-feb-2014
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Delitos contra la integridad sexual y reproductiva
  1. Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos (1/2) Art. 173.- Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos.- La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de dieciocho años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
  2. Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos (2/2) Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de dieciocho años o con discapacidad, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años
  3. Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos Art. 174.- Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos.- La persona, que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, foto blogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de dieciocho años de edad, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Delitos contra el derecho a la intimidad y privacidad personal y familiar
  1. Violación intimidad Art. 178.- Violación a la intimidad.- La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y vídeo en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley

Delitos contra el derecho a la propiedad
  1. Apropiación fraudulenta por medios electrónicos (1/2) Art. 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
  2. Apropiación fraudulenta por medios electrónicos (2/2) La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización de sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia, o violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes
  3. Reprogramación o modificación de información de terminales móviles Art. 191.- Reprogramación o modificación de información de equipos terminales móviles.- La persona que reprograme o modifique la información de identificación de los equipos terminales móviles, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
  4. Intercambio, comercialización o compra de información de equipos terminales móviles Art. 192.- Intercambio, comercialización o compra de información de equipos terminales móviles.- La persona que intercambie, comercialice o compre bases de datos que contengan información de identificación de equipos terminales móviles, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
  5. Reemplazo de identificación de terminales móviles Art. 193.- Reemplazo de identificación de terminales móviles.- La persona que reemplace las etiquetas de fabricación de los terminales móviles que contienen información de identificación de dichos equipos y coloque en su lugar otras etiquetas con información de identificación falsa o diferente a la original, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
  6. Comercialización ilícita de terminales móviles Art. 194.- Comercialización ilícita de terminales móviles. La persona que comercialice terminales móviles con violación de las disposiciones y procedimientos previstos en la normativa emitida por la autoridad competente de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
  7. Modificación de terminales móviles Art. 195.- Infraestructura ilícita.- La persona que posea infraestructura, programas, equipos, bases de datos o etiquetas que permitan reprogramar, modificar o alterar la información de identificación de un equipo terminal móvil, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. No constituye delito, la apertura de bandas para operación de los equipos terminales móviles.

Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación
  1. Revelación ilegal de bases de datos Art. 229.- Revelación ilegal de base de datos.- La persona que, en provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
  2. Interceptación ilegal de datos Art. 230.- Interceptación ilegal de datos. Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años: 1. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener información registrada o disponible.
La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o de confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una dirección o sitio de internet diferente a la que quiere acceder.
La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o similares.. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión del delito descrito en el inciso anterior.
  1. Transferencia electrónica de activo patrimonial Art. 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial. La persona que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de programa o sistema informático o telemático o mensaje de datos, para procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un activo patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione datos de su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de forma ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia electrónica producto de este delito para sí mismo o para otra persona
  1. Ataque a la integridad de sistemas informáticos Art. 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. La persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información, telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Con igual pena será sancionada la persona que:
Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados en el primer inciso de este artículo.
Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de información en general. Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación de un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de cinco a siete años de privación de libertad.
  1. Delitos contra la información pública reservada legalmente Art. 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente. La persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. La o el servidor público que, utilizando cualquier medio electrónico o informático, obtenga este tipo de información, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda comprometer gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público encargado de la custodia o utilización legítima de la información que sin la autorización correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función pública por seis meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor gravedad.
  1. Acceso no consentido a un sistema informático Art. 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. La persona que sin autorización acceda en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o re direccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos, será sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años.
  2. Otros delitos que tienen con frecuencia evidencia digital
Art. 176.- Discriminación 2. Art. 182.- Calumnia 3. ..

GALO LIMA, CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, 0981478818

martes, 11 de abril de 2017

Comisión de Justicia aprobó informe sobre Ley de paraísos fiscales

GALO LIMA, CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, 0997344822
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó la tarde del lunes 10 de abril el informe para primer debate de la Ley de paraísos fiscales. En el proyecto se establecieron las prohibiciones para que un funcionario público no tenga inversiones en un país en el que no se paguen impuestos.

En el artículo 3 se señala que las personas que ostenten una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad de servidores públicos, no podrán tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en territorios o jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales.
Tampoco podrán tener, de forma directa o indirecta, bienes o capitales en empresas, corporaciones, fundaciones, fideicomisos u otras formas asociativas, radicadas en paraísos fiscales, ya sea en forma personal o como asociadas, socias, accionistas, constituyentes, beneficiarias o bajo cualquier tipo de derecho o participación.
Magaly Orellana, de Pachakutik, considera que el Ejecutivo tendrá total control, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) para declarar o no a un país como paraíso fiscal. Esto, a su criterio, podría manejarse con discrecionalidad.
También pide que en la normativa se detalle que el Presidente y Vicepresidente de la República puedan someterse a esta norma, tal como lo deben hacer los ministros de Estado, asambleístas, prefectos, alcaldes, concejales y otras autoridades de elección popular o designación.
Mauro Andino, presidente de la Comisión, señaló que en la Ley se han incorporado varias propuestas que han llegado de la Contraloría, SRI, Consejo Nacional Electoral y otras entidades.
Para él, debe ser la Contraloría la que lleve a cabo auditorías con el propósito de investigar el posible incumplimiento por parte de los funcionarios públicos.
En la Ley se estableció que en el plazo de un año, los funcionarios públicos deberán deshacerse de los bienes que tengan en los paraísos fiscales o tendrán que renunciar. Luis Fernando Torres, asambleísta de Cambio y Partido Social Cristiano, considera que esto afectará principalmente a las autoridades que empiecen su trabajo desde el 24 de mayo, cuando inicie un nuevo Gobierno. Por eso esperaba que sea el nuevo Legislativo el que trate la aprobación de la Ley.
Entre el oficialismo también hay observaciones al informe. Mariángel Muñoz, de Alianza País, espera que los familiares de los funcionarios públicos no deban deshacerse de los bienes que tengan en paraísos fiscales, tal como establece el proyecto de la normativa actualmente.
En la segunda transitoria se indica que a partir del 6 de marzo del 2018, no podrán postularse para un puesto de elección popular ni tener la calidad de servidor público las personas que tengan capitales o bienes, de cualquier naturaleza, en territorios o jurisdicciones considerados paraísos fiscales. También aspira a que no se incluya la obligatoriedad de un candidato para que no tenga bienes en paraísos fiscales cuando aún no ha ganado las elecciones. “No será válida la transferencia en favor de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o a nombre de terceros vinculados a aquel”, dice la primera disposición transitoria de la Ley que será debatida en el Pleno, en los próximos días.
GALO LIMA, CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, 0997344822

lunes, 27 de marzo de 2017

INFOGRAFIA Banco de Papel y Negocios Offshore

GALO LIMA, CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, 0997344822
Guillermo Lasso repatrió su fortuna como inversión directa.
Lasso abrió Banisi en 2008. La investigación de Página/12 revela que en 2003, cuando Lasso fue presidente de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, declaró un patrimonio de $ 12’111.525  y al salir de la entidad, en 2009, la cifra ascendió 4,5 veces, a $ 54’425.776.
El 31 de marzo de 2008, el banco Banisi en Panamá inició operaciones en dicho país con un capital de $ 14 millones y activos por $ 150 millones. Paralelamente, el Ecuador enfrentaba los estragos de la crisis financiera internacional.Y antes de presentarse por primera vez como candidato a la presidencia, en 2012, su patrimonio en el Ecuador se redujo a $ 19’028.756. Liquidó la empresa Andean Investment, en la cual tenía el 58% de participación, y creó seis fideicomisos a nombre suyo, de su hermana y de sus hijos. Dos meses después,  decidió nuevamente transferir las acciones a empresas offshore en Delaware, Estados Unidos, un reconocido paraíso fiscal (ver infografía)

Diario argentino revela que Lasso se habría vendido un banco a sí mismo

El diario argentino Página 12 presentó un nuevo reportaje sobre la supuesta vinculación del banquero guayaquileño Guillermo Lasso con 49 empresas offshore en paraísos fiscales, que tienen "nombres de fantasía que ocultan su identidad y la de familiares".
En una nueva entrega, se detalla que "Banisi S.A. es un banco en Panamá que en 2013 era subsidiaria en un 100% del Banco Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso. La ley ecuatoriana, desde el 2014, obliga a que los banqueros y los bancos ecuatorianos no puedan tener subsidiarias de sucursales en paraísos fiscales. Fue una ley sancionada para evitar que los propios banqueros fugaran capitales. Frente a eso, los dueños de bancos con subsidiarias en paraísos fiscales, están obligados a venderlas. Banisi Panamá pasó entonces a pertenecer a un holding: el 100% de las acciones de Banisi S.A. fue transferido a Banisi Holding S.A.".

El reportaje agrega que la Superintendencia de bancos de Panamá reveló quiénes son los directivos de Banisi Holding y "ahí está consignado que Guillermo Lasso es el presidente de Banisi Holding; su esposa, la vicepresidenta de Banisi Holding y su hijo figura como secretario tesorero de Banisi Holding S.A".
Página 12 rememora que el propio Lasso en 2016, luego de las revelaciones de los Panama Papers, reconoció que era propietario de un banco en ese país centroamericano: “la única empresa panameña activa se llama Banisi Holding S.A., propietaria del Banco Banisi…”.
En 2015, un informe de la calificadora internacional Deloitte, que hace auditoría de Banisi Holding S.A., reveló que gran parte de las acciones de Banisi Holding le pertenecen a Pietro Overseas y "de ahí que Pietro Overseas es la principal novedad de este hecho porque es la empresa a la que supuestamente le vendió el banco de Guillermo Lasso en Panamá. Deloitte considera a Pietro Overseas sociedad controladora: en términos legales significa que tiene más del 51% de las acciones de Banisi Holding".
El reportaje resalta que "Pietro Overseas tiene apenas un capital de $ 10.000, mientras que Banisi posee $ 300 millones en activos y Banisi Holding que es la figura intermedia tiene $ 30 millones en activos".
Página 12, en base a fuentes financieras, asegura "que Pietro es Lasso y que en realidad el candidato a la presidencia se autovendió el banco de Panamá ocultándolo en esa empresa con nombre de fantasía italiano, que si se busca en internet solo salen los registros de una firma de abogados expertos en negocios offshore".
"El presidente de Banisi Holding es Guilermo Lasso Mendoza, su esposa tesorera y su hijo el secretario. Esas designaciones las realiza el accionista mayoritario: Pietro Overseas", prosigue la nota periodística.
Cynthia García, periodista que redactó el reportaje, advierte también que Juan Fernando Noboa, abogado de Guillermo Lasso, realizó transferencias bancarias a Alemán Cordero, del mencionado bufete panameño experto en empresas offshore que creó la empresa Pietro.
 "Sería como un encastre de Mamuskas: Pietro designa a Lasso como presidente de Banisi Holding. Banisi Holding controla Banco Banisi. Banisi Holding designa a Lasso como presidente del banco Banisi… ¿Lasso controla a Pietro?", se consulta García.
"Un banco de papel"
En su propia página, el 5 de abril de 2016, a las 18:45, Guillermo Lasso agregó sobre el banco Banisi: “Un banco formal, con oficinas y dirección conocida, debidamente autorizado por la Superintendencia de Bancos que realiza actividades apegadas a la ley. Un negocio legítimo. En dicho emprendimiento trabaja mi hijo Juan Emilio".
"Lo cierto es que los accionistas de Banisi son empresas de papel y apenas tiene dos cajeros automáticos en toda Panamá", revela Página 12.
Según el informe de calificación de riesgo de Banisi, el 66% de todos los depósitos que están en ese banco en Panamá le pertenecen a ecuatorianos. Además, la Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó al banco Banisi abrir una oficina de representación en Ecuador y su domino de internet, Banisi.com, se maneja desde de Guayaquil. (I)
GALO LIMA, CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, 0997344822

jueves, 22 de diciembre de 2016

Cultura de Cumplimiento

GALO LIMA, CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD INFORMATICA, 0997344822
La cultura de cumplimiento debe existir en la empresa para que ésta pueda acceder a la exención de la responsabilidad penal.
Es cierto que este concepto es indeterminado, está incluido en el COIP y es un requisito de forma recurrente por la doctrina internacional y en los marcos de referencia en materia de compliance. Por ello es necesario intentar determinar el contenido y el alcance teórico y práctico de este concepto, con el fin de estar en condiciones de poder comprobar si una empresa cumple o no el requisito de disponer de una cultura de cumplimiento.
 ¿Cómo se manifiesta la cultura de cumplimiento?
Los modelos de organización y gestión no sólo tienen por objeto evitar la sanción penal de la empresa sino también promover una verdadera cultura ética empresarial. La clave para valorar su verdadera eficacia no radica tanto en la existencia del programa de prevención sino en la importancia que tiene éste en la toma de decisiones de los directivos y los subordinados de la empresa y en qué medida es una verdadera expresión de su cultura de cumplimiento.
Analizando podemos obtener varias pistas que indicarían la existencia de una cultura de cumplimiento. Por ejemplo:
1. El cumplimiento de la Ley es la regla general en la empresa y la comisión de un delito es un acontecimiento accidental.
2. El cumplimiento normativo está siempre por delante del negocio.
3. El proceso de toma de decisiones en todos los niveles de la empresa está orientado al cumplimiento.
4. Los directivos promueven con su ejemplo una verdadera cultura de cumplimiento.
5. Existe un compromiso inequívoco de la alta dirección de la empresa para evitar la comisión de delitos y un apoyo claro al programa de compliance.
6. El comportamiento y la implicación del Consejo de Administración y de los principales ejecutivos traslada una cultura de cumplimiento al resto de la compañía.
7. No existe hostilidad de los directivos hacia los programas de compliance.
8. Los mensajes de los directivos en esta materia son claros e inequívocos y no denotan ambigüedad ni indiferencia.
9. No existe apetito de riesgo.
10.  No hay ninguna conducta de los directivos que permita a los subordinados interpretar que vale la pena asumir el riesgo del incumplimiento a cambio del mayor beneficio económico que se puede obtener.
11.  Los principales responsables de la empresa no incumplen el modelo de prevención y control.
12.  Los directivos no recompensan ni incentivan, directa o indirectamente, el incumplimiento del modelo de organización y prevención.
13.  El descubrimiento de los incumplimientos se produce internamente, por la propia empresa, y el infractor es inmediatamente sancionado, sin que se produzcan casos de tolerancia.
14.  La tolerancia cero se aplica en todos los incumplimientos, tanto de los subordinados como de los directivos.
¿Cómo se mide la cultura de cumplimiento?
Medir la cultura de cumplimiento de una empresa es tan difícil como medir la felicidad de sus trabajadores. Depende de criterios subjetivos y no existe una unidad de medida estándar que podamos utilizar en sucesivas valoraciones con el fin de monitorizar su evolución.
A pesar de estas dificultades, y siguiendo la teoría de que todo se puede medir, vamos a intentar identificar algunos valores cualitativos y cuantitativos que podemos utilizar como indicadores, evidencias, y en algunos casos simples indicios, que nos ayudarán a valorar si existe realmente una cultura de cumplimiento en la empresa.
Entre dichos indicadores destacaríamos los siguientes:
1. Número de cursos presenciales realizados
2. Número de cursos de e-learning realizados.
3. Número de campañas de divulgación del código ético realizadas.
4. Número de campañas de sensibilización realizadas.
5. Número de cursos de refuerzo en el caso de los delitos que pueden ser cometidos de forma imprudente.
6. Número de evaluaciones realizadas para comprobar la cultura de los directivos y los subordinados en materia de compliance y principios éticos.
7. Resultados comparativos de las evaluaciones a lo largo del tiempo.
8. Número de actas del Consejo de Administración en las que consta la aplicación del protocolo de toma de decisiones.
9. Número de premios o bonus otorgados por buenas prácticas en materia de compliance.
10.  Número de consultas formuladas al canal ético o al Compliance Officer.
11.  Número de denuncias de incumplimiento recibidas a través del canal ético.
12.  Número de sanciones impuestas por incumplimiento del código ético o de las obligaciones que derivan de él.
13.  Ratio de conversión de denuncias en sanciones en general.
14.  Ratio de conversión de denuncias en sanciones en el caso de directivos.
15.  Ratio que indique la proporción entre el número de infracciones descubiertas de manera interna y de manera externa.
16.  Tiempo medio transcurrido entre el momento del descubrimiento de la infracción y el momento de la sanción.
17.  Número de controles establecidos en la empresa.
18.  Número de evidencias de la existencia, la idoneidad y la eficacia de cada control.
¿Cómo se acredita la cultura de cumplimiento?
En los años 80 Carlos D. Regueira publicó el libro Dígalo con Sanciones en el que concluía que la manera más eficaz de transmitir un mensaje y conseguir una disciplina de cumplimiento es a través de la sanción reiterada de las infracciones.
También ha habido Magistrados que han adelantado que será difícil apreciar la eficacia de un modelo de prevención y control si no hay sanciones que castiguen su incumplimiento.
Por lo tanto, todo parece indicar que la sanción será uno de los instrumentos más eficaces para acreditar la cultura de cumplimiento en una empresa. Aunque es evidente que un número elevado de sanciones también pueden sugerir lo contrario, por lo que deberá distinguirse entre los esfuerzos realizados por la empresa para conseguir una cultura de cumplimiento y los resultados de estos esfuerzos. Es decir, la consecución del objetivo de implantar dicha cultura, medible a través del comportamiento diario de las personas integradas en todos los niveles de la empresa.
Sin embargo, la formación orientada a crear una cultura de cumplimiento, las campañas de sensibilización y los esfuerzos realizados por la empresa para divulgar y hacer cumplir el contenido del código ético también son pruebas decisivas. En este sentido cabe resaltar la importancia del e-learning como sistema de formación que permite llegar a todos los centros de trabajo de una empresa de manera rápida y económica, además de permitir la trazabilidad electrónica de la actividad formativa y el sellado de tiempo de las listas de alumnos que han finalizado el curso.
Si revisamos la lista de indicadores del punto anterior, identificaremos muchas pruebas que una empresa puede recopilar para demostrar su compromiso con el cumplimiento normativo. Entre ellas destacan las siguientes:
1. Código ético.
2. Política de prevención y control.
3. Mapa de riesgos.
4. Mapa de controles
5. Protocolo de toma de decisiones.
6. Modelo de gestión de los recursos financieros.
7. Sistema disciplinario.
8. Canal ético.
9. Estructura de control.
10.  Repositorio de evidencias.
11.  Actas del Consejo de Administración.
12.  Política de bonus.
13.  Bonus otorgados por buenas prácticas en materia de compliance.
14.  Consultas formuladas al canal ético o al Compliance Officer.
15.  Denuncias de incumplimiento a través del canal ético.
16.  Sanciones impuestas por incumplimiento del modelo.
17.  Evidencias de la existencia, la idoneidad y la eficacia cada control.
18.  Cursos presenciales realizados.
19.  Cursos de e-learning realizados.
20.  Campus de compliance interno o externo.
21.  Campañas de sensibilización realizadas.
22.  Cursos de refuerzo realizados en el caso de los delitos que pueden ser cometidos de forma imprudente.
23.  Evaluaciones realizadas para comprobar la cultura de los directivos y los subordinados en materia de compliance y principios éticos.
24.  Resultados comparativos de las evaluaciones a lo largo del tiempo.
Siempre es recomendable la preconstitución de la prueba, mediante recopilación de las evidencias que demuestren el esfuerzo realizado para crear una verdadera cultura de cumplimiento en la empresa y los resultados de dicho esfuerzo.
Por lo tanto, estas pruebas se dividirán en dos grupos:
1. Las pruebas que acreditan el esfuerzo de la empresa para crear la cultura de cumplimiento.
2. Las pruebas que acreditan la existencia de la cultura de cumplimiento.
En un artículo Manuel Conthe explica la diferencia entre la cultura escrita y la cultura real de una empresa y se refiere a los esfuerzos realizados para crear una apariencia de compliance cuando en realidad su modelo de negocio se basaba en la obtención de información privilegiada.
En nuestro país, los modelos de compliance deberán ir mucho más allá del cartón piedra y la prueba de que este objetivo se ha conseguido será clave para muchas empresas en los próximos años.


GALO LIMA, CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD INFORMATICA, 0997344822