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La
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera es la que normará el
desempeño del sistema financiero nacional. Estará conformada, según el Código
Monetario aprobado el jueves pasado por la Asamblea Nacional, por el ministro
Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera -quien la presidirá-,
por el ministro Coordinador de la Producción, Richard Espinosa, por el
ministro de Finanzas, Fausto Herrera, por el titular de la Senplades, Pabel
Muñoz, y un delegado del Presidente de la República. Este organismo
sesionará, de manera ordinaria, cada mes y de forma extraordinaria si así lo
convoca el titular. Basta que estén tres de las cinco autoridades para tomar
decisiones que serán a nivel institucional.
Los miembros de la Junta gozarán de fuero de corte, es decir, sólo podrán ser juzgados por sus actos y decisiones administrativas por la Corte Nacional de Justicia. Sus decisiones no requieren de la aprobación de otras instituciones del Estado. Los funcionarios, a título individual, están excentos de cualquier acción de índole judicial salvo la penal. La Junta cumplirá 55 funciones, entre ellas: formular y dirigir la política monetaria, regular las actividades financieras, autorizar la política de inversiones, determinar el nivel de liquidez, establecer los niveles de la reserva de liquidez, los niveles de crédito, dictar normas para seguros y reaseguros. También aprobará la programación monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, que se alineará al programa económico del Gobierno. Autorizará la política de inversiones de los excedentes de la liquidez y de las reservas internacionales. Incluso podrá presentar al Presidente de la República propuestas de modificación de la legislación monetaria, crediticia, cambiaria, financiera de seguros y valores. Otra de sus funciones es salvaguardar el desempeño económico en situaciones de emergencia. Planificará, regulará y monitoreará los niveles de liquidez de la economía. También regulará los niveles máximos de remuneración y otros beneficios económicos, sociales, y compensaciones de los administradores de las entidades financieras, de valores y seguros, considerando la rentabilidad el riesgo, activos y el capital de la entidad en comparación con el resto de sistemas... Esta entidad podrá requerir información del sistema financiero nacional, de valores y de seguros. Además, de toda entidad no financiera que otorgue créditos por sobre los límites que establezca la Junta. Parte de sus funciones es establecer condiciones y límites al endeudamiento externo. Podrá también disponer que las divisas provenientes de las operaciones que ella determine, ingresen de manera obligatoria al país y establecerá hasta por el monto de las divisas no ingresadas, en caso de incumplimiento de tal obligación. En caso de no poder cobrar estas obligaciones mediante débito bancario, procederá al cobro a través de la vía coactiva. (JB) |
domingo, 27 de julio de 2014
Funciones de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera
sábado, 19 de julio de 2014
viernes, 18 de julio de 2014
Educación financiera, para el dinero electrónico
“Inclusión financiera” implica acceso y utilización de servicios financieros formales por parte de la población
antes excluida de los mismos, por encontrarse en condición de pobreza,
alejamiento geográfico o discapacidad. De acuerdo a los datos de la encuesta
Global Findex 2011, en nuestro país tenemos trabajo por hacer en cuanto a
acceso (porcentaje de la población mayor a 15 años con una cuenta en una institución financiera formal: Ecuador 37%, promedio de América
Latina 39%) y uso (porcentaje de la población adulta con una cuenta de ahorro
para recibir su salario: Ecuador 16%, promedio de América Latina 20%).
En Ecuador reaparece la discusión de “dinero electrónico” con la promulgación de la
reciente Regulación No. 055-2014, la cual ha pasado por varias aclaraciones
de autoridades del BCE, entre las principales:
1- Va a ser respaldado
totalmente por dólares 2)
2- No se pagará con él a los
funcionarios públicos y proveedores del Estado
3- Será de aceptación voluntaria.
Buscando que cumpla con el
objetivo de promover la inclusión financiera, es necesario que las
autoridades expliquen a la ciudadanía las siguientes interrogantes:
1-
¿A través de quiénes se
realizarán los cobros y pagos (modelo
de negocio)?
2-
¿Cómo se incentivará a la población a usar
dinero electrónico y de allí pasar a tener una cuenta de ahorro y otros
servicios financieros (ejemplo, microseguros)?
3-
¿Cuál es el programa
de educación financiera propuesto por el
Estado para el uso de dinero electrónico?
Pues todavía existe en la región latinoamericana y en nuestro país
“una limitada cultura del ahorro”.
Rosa
Guerrero
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Se plantea
que activos del BCE respalden dinero electrónico
Uno de los cambios que aprobó la Comisión de Régimen Económico al Código Monetario y Financiero la tarde del
martes pasado fue que la circulación de la moneda electrónica solo podrá
hacerse con el respaldo de los activos del Banco Central del Ecuador (BCE), según el asambleísta Ramiro Aguilar (independiente).
En el artículo 98 el proyecto establecía que “la moneda electrónica
será puesta en circulación privativamente por el Banco Central del Ecuador, sobre
la base de las políticas y regulaciones que expida la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera”. Según Aguilar, a este texto se añade que
el BCE proveerá de moneda electrónica solo hasta el monto de sus activos. “Si
emite más es ilegal”, expresó.
Ayer la Comisión retomó el análisis del proyecto. En forma paralela, y
en otra oficina, su presidente Oswaldo Larriva recibió las observaciones de grupos y
organizaciones. Esto para acelerar el proceso, ya que hasta el 25 de julio la
Asamblea debe concluir el trámite.
Una de las reuniones fue
con Antonio Acosta, presidente
adjunto del Banco Pichincha. Luego con representantes del programa de
Maternidad Gratuita que
plantearon un texto que garantice la provisión de fondos para este sistema.
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jueves, 17 de julio de 2014
Registro Oficial 283 para Cumplimiento
Resolución No. UAF-DG-SO-2014-001, publicada en
el Registro Oficial No. 283 el 7 de julio de 2014, que expide el Instructivo
para la prevención de lavados, mismo que deroga específicamente el contenido
en la Resolución No. UAF-DG-2012-033, publicada en el Registro Oficial No.
699 de 9 de mayo de 2012.
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miércoles, 16 de julio de 2014
CÓDIGO MONETARIO ELIMINA LEY DE MATERNIDAD GRATUITA
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La ley de maternidad fue expedida a comienzos
de la década de los años noventa para proteger los derechos y garantías de la
gratuidad de la atención de salud a madres lactantes y sus hijos recién
nacidos.
Dicha acceso gratuito fue normada
en la Constitución de la República de 1998 y ratificado por el pueblo
ecuatoriano cuando aprobó la actual Constitución Política.
El Ministerio de Salud en un
comunicado público asegura que “de conformidad con la Constitución, se
mantiene la gratuidad de todos los servicios de salud para las personas que
habitan en el territorio ecuatoriano, entre ellas las mujeres en edad fértil,
en embarazo, parto y puerperio (período inmediatamente posterior al parto), y
para niños y niñas menores de cinco años.
“El artículo 43 de la Constitución
establece que el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia “la gratuidad de los servicios de salud materna”, y en el artículo
362 se establece que “Los servicios públicos estatales de salud serán
universales y gratuitos en todos los niveles de atención”, agrega el
comunicado.
Sin embargo el Ministerio de Salud
Pública admite que la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia,
efectivamente será derogada, pero que está trabajando de manera conjunta con
el Ministerio de Finanzas y la Asamblea Nacional, para que se incluya en el
Proyecto de Código Monetario y Financiero la disposición de que los recursos
económicos previstos en dicha Ley que se eliminará se mantengan y que consten
en el Presupuesto General del Estado.
De otro lado informa que se está
redactando el nuevo Código Orgánico de la Salud en el que se incluiría, de
forma detallada, cada una de estos elementos, y de manera más amplia, en el
marco de la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos, concluye el
comunicado que fue emitido después de que un grupo de mujeres dieron la voz
de alerta sobre la extinción de esta Ley que ordena al Estado proveer de
recursos financieros para atender a las madres e hijos.
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