El
Gobierno, en diciembre de 2008, promulgó la Ley de Creación de la Red de
Seguridad Financiera con la cual se instituyó el Fondo de Liquidez para las
instituciones del sistema financiero controladas por la Superintendencia de
Bancos y Seguros.
Este
fondo, que es administrado por el Banco Central del Ecuador (BCE) y
financiado, exclusivamente, con dinero de los bancos y las cooperativas
grandes ha crecido significativamente. Empezó en 2009 con $ 408 millones y
hasta junio de este año es de $ 2.000 millones, informó el presidente del
directorio del BCE, Diego Martínez.
El
funcionario indicó que en el Código Monetario y Financiero se mantiene el
fondo como una figura a la que pueden acudir las instituciones financieras en
caso de que tuvieran problemas de liquidez, no de solvencia, y pueden
solicitar préstamos de su propio dinero.
Para
manejar esta base se constituirán fideicomisos con las entidades del sector
financiero privado y con las del sistema de economía popular y solidaria,
sector que se incorporará cuando entre en vigencia el código.
De acuerdo
al proyecto de ley “el Fondo de Liquidez se nutrirá con los aportes de las
entidades del sector financiero, el rendimiento de las inversiones y las
utilidades líquidas de cada ejercicio anual del fondo, las donaciones que
reciba, los provenientes de préstamos o líneas contingentes obtenidas por el
financiamiento de sus actividades y los que se originan de préstamos entre
los fideicomisos del Fondo”.
Préstamos a la banca
En los
artículos 341 y 342 del proyecto del código señalan que se podrá entregar
préstamos ordinarios, cuyo plazo será de un día hábil renovable, que serán
otorgados dentro de una línea de crédito para cubrir deficiencias en las
cámaras de compensación del Sistema General de Pagos administrados por el
BCE, cuyo monto será el equivalente al aporte que las entidades financieras
hubieren efectuado al Fondo de Liquidez, que garantizarán la operación.
Los
créditos extraordinarios no podrán exceder el plazo de 365 días a partir de
su concesión y serán entregados a las entidades financieras aportantes
siempre que mantengan el nivel mínimo de solvencia determinada por la Junta
de Política y Regulación Monetaria.
Martínez
reiteró que los préstamos de liquidez ordinarios y extraordinarios a las
instituciones del sistema financiero privado y de la economía popular y
solidaria no pueden compararse con lo que se hizo en la década del 90, puesto
que son créditos con recursos de la propia banca “y no del Estado” como se
hizo en esa época.
“El Fondo
de Liquidez se mantiene con sus características de inversión, esto es, que
sean rentables, seguras, líquidas y diversificadas de tal manera que sea un
fondo que genere rentabilidad, creciendo para poder enfrentar
problemas de liquidez que pudieran tener las entidades financieras, pero con
su propio dinero”, acotó Martínez.
Para el
economista Alejandro Ruiz, la innovación que tiene la propuesta del Gobierno
en el Código Monetario en comparación con la ley de 2008 es que se incorpora
el sector de la economía popular y solidaria (cooperativas pequeñas), ya que
en el Fondo de Liquidez solo estaban los bancos y las cooperativas grandes.
El
catedrático y analista económico Santiago García considera que la propuesta
es correcta, pero es del criterio que se elimine o aclare lo que señala el
último inciso del artículo 341, que indica que el Fondo de Liquidez podrá ser
usado en inversión doméstica. “Esto es algo que debería revisarse para evitar
algún conflicto”, señaló García.
Etiquetas:BCE, Código Monetario |
viernes, 11 de julio de 2014
El Fondo de Liquidez se ampliaría a entidades de la economía popular
martes, 8 de julio de 2014
Cuentas inactivas irán al Tesoro Nacional
Oficialistas
y opositores tienen visiones contradictorias con respecto al nuevo Código
Monetario y Financiero. Los primeros hablan de beneficios; los segundos, de
los riesgos del documento que se discute hoy, en primer debate, en la
Asamblea.
Del lado
contrario al Gobierno, Juan Carlos Solines, expresidente del Consejo Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel), cuestiona por ejemplo el dinero electrónico.
Más allá de que el código otorgue a la Junta de Regulación Monetaria la
capacidad de decidir las operaciones que se realicen con este medio de pago,
Solines observa que quien proveerá el servicio para transar con la moneda
virtual, el Banco Central, supervisará todas las transacciones de los
ciudadanos. "Sabrán qué compramos, dónde y cuánto". Para él no es
sano que el Estado tenga esa información.
La
preocupación es mayor cuando se trata sobre la reserva de la información
estatal. El artículo 17 del mismo código plantea que la nueva Junta podrá
declarar como "reservada" la información que considere pertinente.
No se detalla el tipo de datos privados.
Las
pasivos inmovilizados son otro eje de debate. La normativa establece en su
Disposición General Sexta que los "pasivos que hubieren permanecido
inmovilizados en cualquier entidad del Sistema Financiero Nacional por más de
cinco (5) años con un saldo de hasta el equivalente al veinticinco por ciento
(25 %) de un salario básico unificado, o por más de diez (10) años con un
saldo mayor, por no haber sido reclamados por su beneficiario desde la fecha
en que fueren exigibles, serán transferidos a la Cuenta Única del Tesoro
Nacional".
El código
plantea que "las entidades no podrán transferir a utilidades,
directamente mediante traspaso a cuentas provisionales o de cualquier otro
modo, valores o saldos inmovilizados, pertenecientes a otras personas,
cualquiera que sea la calidad de estas".
El
oficialismo, por su parte, resalta las virtudes del código, pues elabora
normas estrictas para la banca. El artículo 147, por ejemplo, impide la
congelación de cuentas. Según el ministro coordinador de la Política
Económica, Patricio Rivera, el fin es blindar al cliente contra feriados bancarios.
Otra
modificación vista con buenos ojos en el bloque oficial surgió del debate de
la Comisión de lo Económico. Pese a lo dispuesto en el texto enviado por el
Ejecutivo, la Ley de Maternidad Gratuita y la Atención a la Infancia no será
derogada. La asambleísta Paola Pabón informó en su cuenta de Twitter que la
normativa continuará en vigencia por su importancia para las madres
ecuatorianas. La mayoría oficialista en la Asamblea hace prever la aprobación
del código. Pero legisladores opositores, como Ramiro Aguilar, cuestionan el
poco tiempo para el tratamiento del texto, que tiene carácter
urgente-económico.
Javier
Montenegro Fernández - montenegroj@granasa.com.ec - Quito
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